La Jueza de Nagua aseguró que con la sentencia que emitió en contra del periodista Johnny Salazar, no busca coartar la libertad de expresión e información y alega que se pretende poner pautas y límites para evitar el ejercicio desbordado. “Johnny Salazar se ha identificado y así ha quedado demostrado por ser un profesional del periodismo, al que se le debe atribuir no solo mayor educación y profesionalidad que al ciudadano promedio, sino además poder de convocatoria de la sociedad y que siendo una figura pública, su conducta pueda ser intentada por los seguidores de su actividad periodística”, explica la sentencia emitida por Salma Bonilla.
Dijo que se están infringiendo normas y conductas relativas a las buenas costumbres, a la paz y sobre todo a la seguridad y el orden público.
La sentencia agrega que la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, salvo que se atente contra la honra de las personas, el orden social o la paz pública; y de esta obligación no quedan eximidos los periodistas que deben al momento de difundir una información estar siempre apegados a principios y normas de responsabilidad y confiabilidad; “en un medio de comunicación no se debe difundir informaciones deliberadamente”, indica.
Se recuerda, que la magistrada condenó a seis meses de prisión y un millón de pesos de indemnización a Johnny Alberto Hernández Salazar, acusado de “difamar” al activista de los Derechos Humanos y dirigente del Movimiento Independencia Unidad y Cambio (Miuca), Pedro Baldera, porque éste dice sentirse ofendido cuando se señala que la organización a que pertenece se dedicada a la defensa de confesos delincuentes.
Igualmente, la jueza Bonilla también le impuso una indemnización de RD$1.0 millón por alegados daños y perjuicios en contra de Baldera. En la capital han acusado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside el doctor Manuel María Mercedes, de defender mas a los caídos en tiroteos con patrullas de la Policía por ser alegados delincuentes y no ha habido sometimientos ni mucho menos sentencias contra los que así han opinado.
En su dictamen, la jueza Bonilla alega que con la sentencia contra Salazar no es verdad que coarta la libertad de expresión e información y que lo que busca con ella es poner pautas y límites para evitar el ejercicio desbordado del derecho a la libre expresión.
